La Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) publicó el pasado 17 de abril 5 directrices específicas para proteger los derechos humanos de los grupos más vulnerables: personas privadas de libertad, niños, migrantes, mujeres, y colectivo LGBTI.
En esta ocasión hemos elegido los temas más importantes de la guía sobre derechos humanos de las mujeres y COVID-19 que explica el impacto de la cuarentena obligatoria sobre la violencia de género, salud de las mujeres, trabajo y educación, y cuales son las acciones que los Estados pueden hacer para proteger dichos derechos.
Lectura recomendada: El impacto del coronavirus en las personas LGBTI
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Tabla de contenido
Impacto del COVID-19 en la violencia basada en género
Las restricciones de quedarse en casa y otras medidas que limitan el movimiento de personas contribuyen al aumento de la violencia basada en género, situación confirmada por la información de los medios de comunicación, las declaraciones oficiales y la información recibida de las oficinas de terreno de la OACNUDH y defensoras y defensores de derechos humanos en muchos países.
Las mujeres y niñas que se encuentran ya en situaciones de abuso están más expuestas a un mayor control y restricciones por parte de sus abusadores, con pocos o ningún recurso para buscar apoyo. Las líneas directas de emergencia reciben informes de mujeres amenazadas con ser expulsadas de sus hogares, expuestas a la infección o con recursos financieros y asistencia médica suspendidos.
Acceder a la ayuda también puede ser más difícil debido al confinamiento con el abusador. Algunas líneas directas de emergencia reportan una disminución en la cantidad de atenciones, lo que atribuyen a las dificultades para hacer llamadas privadas, mientras que los mensajes de texto y correos electrónicos aumentan.
Los servicios que necesitan las víctimas pueden dejar de ser prioritarios, incluidos los refugios, los servicios de atención médica, servicios de policía y del sector judicial. Hay informes de albergues para sobrevivientes de violencia de género cerrados o transformados en refugios para personas sin hogar, así como informes de líneas directas de emergencia que operan con servicio reducido y clínicas móviles y servicios de asesoramiento para mujeres, que se cancelan.
Otro obstáculo para acceder a los servicios es el miedo a la propagación del virus. De acuerdo con reportes de medios, algunos refugios han pedido a las mujeres que proporcionen pruebas negativas de COVID-19 para ser aceptadas, sin embargo, las pruebas no son ampliamente accesibles.
Acciones claves que los Estados pueden tomar para reducir violencia de género
- Declarar como esenciales las estructuras institucionales y servicios de protección para las víctimas de violencia de género.
- Actualizar las rutas de referencia de tal forma que se expliciten los cambios de las instalaciones de atención disponibles, y a la vez mantener informadas a las comunidades clave y a los proveedores de servicios sobre esas rutas actualizadas.
- Alertar a los proveedores de servicios y demás profesionales para estar más atentos ante posibles eventos de violencia contra las mujeres, así como a estar informados sobre los protocolos de derivación. Deben establecerse mensajes codificados para denunciar la violencia doméstica.
- Garantizar refugios suficientes y seguros para las víctimas de violencia doméstica y sus hijos e hijas. Deben establecerse medidas específicas para las mujeres y niñas que no pueden ser admitidas en refugios en función de una posible infección para garantizar que puedan ser puestas en cuarentena de manera segura.
- Garantizar los recursos adecuados para el funcionamiento de líneas directas de emergencia, chats en línea y otros tipos de ayuda, así como mecanismos de reporte remoto a los que se puede acceder de forma segura. Concientizar por diferentes canales y de manera accesible sobre los medios por los cuales las víctimas de violencia pueden buscar ayuda, sobre la forma en que las y los testigos deben reaccionar y cómo pueden buscar asistencia las personas que temen volverse violentas.
- Garantizar una acción inmediata y proactiva por parte de la policía y el poder judicial para la sustracción de los abusadores del hogar y la protección de las víctimas. Al contemplar la liberación de personas privadas de libertad de las prisiones, se deberán tomar medidas para garantizar que no pongan en riesgo a las mujeres sobrevivientes de violencia de género.
- Asegurarse de que aquellas mujeres o niñas que infrinjan las reglas de confinamiento para denunciar o huir de la violencia estén exentas de sanciones.
- Asegurar la continuidad del apoyo médico, psicosocial y económico a las sobrevivientes de violencia, y el manejo clínico seguro para los casos de violencia sexual, en particular la violación, incluida la violación conyugal.
- Consultar a grupos de mujeres, grupos LGBTI , administradoras y administradores de refugios y líneas directas de emergencia para el desarrollo de medidas de prevención y respuesta a la violencia.
Impacto del COVID-19 en la salud de las mujeres y las niñas
Una mayor exposición a la infección y la necesidad de equipo de protección personal es el primer elemento que evidencia el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres y las niñas. El primordial rol de cuidados que se espera que las mujeres y las niñas desempeñen puede exponerlas a mayores riesgos de infección. Las mujeres comprenden el 70% de la fuerza laboral en el sector salud, incluidas parteras, enfermeras, farmacéuticas y trabajadoras de la salud comunitaria en primera línea. Las trabajadoras de la salud en primera línea también han llamado la atención sobre las necesidades de higiene menstrual, la protección contra el abuso y el estigma y la necesidad de apoyo psicosocial. Las mujeres y niñas embarazadas y las que acaban de dar a luz pueden ser particularmente vulnerables a las enfermedades infecciosas, especialmente si padecen enfermedades respiratorias, y es probable que su circunstancia les implique tener contacto regular con los servicios de salud exponiéndolas a riesgos potenciales.
El acceso seguro y confidencial a los servicios de salud puede verse afectado, ya que las barreras preexistentes de acceso se exacerbarán debido a la emergencia. Dichas barreras incluyen normas sociales y discriminación basada género, criminalización (por ejemplo: aborto, conducta sexual entre personas del mismo sexo, trabajo sexual, transmisión del VIH, etc.), libertad de movimiento restringida, falta de ingresos, necesidad de autorizaciones de terceros, y falta de opciones de cuidado infantil. También hay informes de familias que impiden que las mujeres y niñas infectadas con COVID-19 busquen tratamiento debido a prohibiciones culturales y religiosas y preocupaciones relacionadas con el honor familiar.
Los sistemas de salud sobrecargados, la reasignación de recursos, la escasez de suministros médicos y las interrupciones en de las cadenas de suministro mundiales pueden socavar la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas, incluido su acceso a la atención materna y del recién nacido; cuidado seguro del aborto; información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos; vías de derivación efectivas; artículos de salud menstrual; anticoncepción; antirretrovirales para el VIH/SIDA; y antibióticos para tratar infecciones de transmisión sexual. Durante la emergencia del ébola en África occidental, se redujeron los recursos dedicados a la salud sexual y reproductiva, incluso desviándolos a los esfuerzos de respuesta, lo que contribuyó a un aumento en las tasas de mortalidad y morbilidad materna. También hay informes de Estados que incluyen el aborto entre “cirugías no esenciales y procedimientos médicos” que se retrasarán durante la respuesta COVID-19.
De las personas migrantes que desarrollan trabajo doméstico, la gran mayoría mujeres, pueden correr un riesgo particular, particularmente cuando se imponen restricciones de viaje y autoaislamiento. Esto se exacerba en situaciones en las que se encuentran en una situación irregular.
Se han recibido informes de empleadoras y empleadores que exigen que las trabajadoras domésticas migrantes realicen tareas fuera de la casa, incluidas las compras y algunas diligencias, lo que las pone particularmente en riesgo de infección.
Las mujeres y las niñas con afecciones crónicas, sistemas inmunes debilitados (que viven con VIH, malaria, tuberculosis, etc.) o que sufren desnutrición parecen estar particularmente en riesgo de contraer COVID-19. Las mujeres adultas mayores de tener pensiones más bajas o de no tener ninguna pensión, y vivir en situación de pobreza, una manifestación de desigualdad y discriminación de por vida. Esto a su vez puede exacerbar el impacto del virus y el acceso de las mujeres a artículos de protección, alimentos, agua, información y servicios de salud.
Acciones claves que los Estados pueden tomar para proteger la salud de las mujeres y niñas
- Asegurar que las mujeres trabajadoras del sector salud tengan acceso adecuado a equipos de protección personal, productos de higiene menstrual y apoyo psicosocial.
- El acceso seguro a servicios y tratamiento médico debe estar disponible y accesible para todas las mujeres, hombres, niñas, niños y personas LGBTI sin discriminación. Las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, las mujeres migrantes, las trabajadoras domésticas, las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad y las mujeres embarazadas y lactantes deben recibir atención específica.
- Garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a todas las personas a la atención materna y neonatal; servicios de aborto seguro y atención postaborto; anticoncepción; antirretrovirales para el VIH/SIDA; y antibióticos para tratar las ITS.
- Los servicios de salud pública deben tratar de minimizar los retrasos en la búsqueda de la salud materna, incluso a través de mensajes consistentes que ayuden a la toma de decisiones oportuna por parte de mujeres y niñas, particularmente aquellas que están en áreas de cuarentena, autoaislamiento o con posibilidades reducidas de traslado.
- Promover públicamente la importancia crítica de todo el personal de la salud, la mayoría mujeres, y la necesidad de solidaridad y apoyo.
- Asegurar el abastecimiento y disponibilidad de los productos de higiene menstrual, los productos obstétricos, reproductivos y otros de atención primaria de salud.
- Tener en cuenta los impactos específicos de género que conlleva la inseguridad alimentaria en las mujeres y las niñas, y la exacerbación de esos efectos durante la respuesta al COVID-19 que coloca a las mujeres y las niñas en mayor riesgo.
- Prestar especial atención a la salud de las mujeres en el marco de la investigación sobre COVID-19 (efectos, síntomas, tratamiento, vacunas) ya que esto a menudo no ocurre en los ensayos clínicos; así como a la generación y recopilación de datos relacionados con la contingencia desglosados como mínimo por sexo, edad, raza y estado de embarazo.
Impacto COVID-19 en el trabajo y medios de subsistencia de las mujeres
En muchos países, hay una concentración mayor de mujeres en los empleos de salarios bajos y en el sector informal, mismos que son altamente propensos a ser interrumpidos. Las mujeres también están sobrerrepresentadas en la industria de la hotelería (hoteles, restaurantes), minoristas y sector de servicios, que han sido los sectores más afectadas por la respuesta a COVID-19. La concentración de las mujeres en el sector informal implica que es más probable que no reciban licencia pagada por enfermedad o licencia por cuestiones familiares; que no tengan seguro médico para el cuidado de su salud y tampoco acceso a la seguridad social. El acceso a los medios de subsistencia está amenazado para estas mujeres.
El cierre de escuelas y guarderías también tiene un impacto diferenciado en las mujeres madres o tutoras, de quienes, como resultado de las normas discriminatorias de género, se espera que asuman responsabilidades adicionales de cuidado restringiendo aún más su trabajo y oportunidades económicas.
En emergencias de salud anteriores, como el brote epidemiológico de Zika, la cantidad de trabajo no remunerado realizado por mujeres aumentó exponencialmente.
Las autoridades y las empresas han alentado a las personas a usar la tecnología para trabajar desde casa. Sin embargo, la brecha digital de género puede limitar la capacidad de las mujeres para trabajar de forma remota. Actualmente, 327 millones menos de mujeres que hombres tienen un teléfono inteligente y en algunos países, las mujeres tienen hasta un 31 por ciento menos de probabilidades de tener acceso a Internet que los hombres.
Las preocupaciones sobre la propagación del virus y la xenofobia pueden limitar las oportunidades de trabajo de las mujeres migrantes, menoscabando el apoyo a sus medios de subsistencia y limitando el acceso a cualquier protección social para ellas y sus familias.
La pérdida de ingresos de las mujeres tiene un impacto en el bienestar de sus familias , especialmente cuando son las únicas fuentes de sustento.
Acciones claves que los Estados pueden tomar para proteger el trabajo y subsistencia de las mujeres
- Promover la igualdad de responsabilidades en las tareas de cuidados de todos los padres/madres y tutores/tutoras, así como promover prácticas de trabajo flexibles y conciliadoras de la vida familiar.
- Asegurar que los incentivos económicos y las redes de seguridad social sean sensibles al género y alcancen y empoderen a todas las mujeres y niñas. Esto puede incluir el establecimiento o la ampliación de programas de transferencias directas, políticas de licencia familiar, beneficios de desempleo, beneficios de desempleo parcial/trabajo a corto plazo, pensiones o subsidios para niñas/niños, y la entrega de transferencias humanitarias en efectivo (donaciones) que lleguen tanto a mujeres como a hombres.
Impacto del COVID-19 en la educación de las niñas
Es probable que las mujeres y las niñas sean las más afectadas con el cierre de las escuelas en todo el mundo. De la población total de estudiantes matriculados en el sistema educativo a nivel mundial, la UNESCO estima que más del 89% actualmente están fuera de las escuelas debido al cierre por COVID-19. Esto representa 1,54 mil millones de infantes y jóvenes matriculados en la escuela o la universidad, incluidas casi 743 millones de niñas. Más de 111 millones de estas niñas viven en los países menos desarrollados del mundo.
Las emergencias de salud pasadas (por ejemplo el Ébola y el Zika) han demostrado que las niñas a menudo son expulsadas o dejan las escuelas primero durante una emergencia de salud, incluso cuando las escuelas permanecen abiertas, debido al aumento de los trabajos de cuidados en el hogar. Con el cierre de escuelas, incluso en entornos humanitarios y de desarrollo o en hogares que viven en la pobreza, las niñas también pueden perder el acceso a entornos seguros, alimentos nutritivos y servicios específicos de género que las escuelas brindan a menudo. El impacto económico de una emergencia de salud también puede llevar a que las niñas sean retiradas de las escuelas para realizar trabajo infantil, para ser víctimas de matrimonios infantiles, precoces o forzados, o bien víctimas de sexo transaccional en ciertos contextos.
Cuando existen medidas de protección social limitadas, las dificultades económicas causadas por la crisis se extenderán a medida que las familias consideren los costos financieros y de oportunidad de educar a sus hijas.
Acciones claves que los Estados pueden tomar para proteger la educación de las niñas
- Se debe hacer especial hincapié en la importancia de la educación continua de todas las niñas, sin distinción alguna, incluida la adopción de medidas para garantizar su reincorporación a las escuelas una vez que estas vuelvan a abrir.
- Cuando las niñas son removidas de la escuela, se debe prestar especial atención a garantizar que continúen recibiendo alimentos nutritivos y otros servicios específicos de género que se les brindan en la escuela, y que se garantice su protección contra la violencia y la explotación por motivos de género.
- Asegurar que las niñas participen de manera significativa y en igualdad de condiciones con los niños, en las decisiones sobre su educación, incluido el desarrollo de estrategias y políticas sobre el cierre de escuelas y el aprendizaje a distancia en función de sus experiencias, posibilidades de acceso y necesidades.
- Trabajar con las y los maestros y el personal escolar para garantizar métodos inclusivos y sensibles al género de aprendizaje a distancia, incluso a través de enfoques de tecnología básica, tales como la programación y estructuración de aprendizaje flexible para las niñas que probablemente asumirán mayores responsabilidades domésticas, y monitoreen y promuevan su participación.
- Atender la brecha digital de género para las mujeres y las niñas a medida que las funciones clave se llevan a cabo en línea, facilitando el acceso y la capacitación.
Fuente: Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos
